“No es contra el Gobierno nacional.” Con esa aclaración dio inicio Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina e integrante de la Unidad Ejecutora de Coviar, al comentar en MDZ Club sobre el amparo que esta semana llevó a la Justicia Federal a suspender de forma temporaria la Resolución 55/2026.
“Se trata de un recurso de amparo para impedir que una resolución modifique una ley; ese es, en gran medida, el punto central”, precisó en la 105.5 FM MDZ Radio. Para Villanueva, la medida no puede interpretarse aisladamente. “Hay que situarla en un marco más amplio”, advirtió, y trazó un recorrido de tensiones acumuladas con la gestión nacional del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que anteceden al conflicto vigente.
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Una cadena de fricciones con la Nación
El dirigente enumeró los puntos de quiebre. Primero, la eliminación del comprobante de ingreso de uva —”lo que se llama técnicamente el informe final de cosecha”—, que consideró innegociable. “Si vos no tenés eso, desamparás a un sector que no tiene precio, es como apagar la luz”, graficó. Luego, la negativa a discriminar entre vino y mosto, clave para que el mercado conozca el volumen disponible y se formen los precios. Después, la corresponsabilidad gremial. Y ahora, la Resolución 55/2026.
Detrás de esa acumulación, señaló Villanueva, hay una disputa de fondo sobre dónde se toman las decisiones. “Desde el inicio de la democracia en adelante, en Mendoza, en San Juan, había un consenso: el presidente del INV tenía que ver con un OK y una relación permanente con la provincia”, recordó. Ese esquema, a su entender, se rompió cuando el poder migró a Buenos Aires, donde “hay gente que pasa datos de oreja, que dice cosas, que plantea situaciones que le convienen”.
La metáfora que eligió para marcar hasta dónde puede llegar el recorte fue directa: “Vos podés alivianar un auto sacándole la rueda de auxilio o una hilera de asientos. Lo que no le podés sacar es el radiador, porque se funde el motor”.
La crisis que excede al amparo
Villanueva fue enfático en que el problema de fondo no es judicial ni institucional. “La problemática no es la Coviar, sino la crisis”, afirmó, y aportó números concretos: “Hoy los costos de producción triplican el valor al que se pagan las uvas. Hoy un litro de Malbec cuesta 400 pesos el litro. Eso no es sostenible en ninguno de los ámbitos”.
En ese marco, advirtió sobre los riesgos de perder herramientas colectivas. “Lo peor que nos podría pasar es no tener una mesa en un momento de crisis mundial del consumo, no disponer de estudios de mercado, no hacer promoción, no contar con un observatorio vitivinícola”, enumeró. La vitivinicultura, recordó, genera el 15% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza y está integrada mayoritariamente por pymes que compiten contra multinacionales: “Son gigantes que no necesitan instituciones porque ya disponen de toda la información. En este capitalismo de pymes hace falta coordinación y recursos”.
Sobre el horizonte judicial, precisó que “el recurso de amparo tiene tres meses, se puede renovar, y el juez tiene tiempo para opinar sobre el fondo de la cuestión”. Pero aclaró que eso es lo de menos. Lo urgente, insistió, es reconstruir acuerdos: “Hay que priorizar los acuerdos y no depender de la figura paterna que está en Buenos Aires para que te arme las normas de acuerdo a como convenga”.
