La controversia entre Fecovita e Iberte añadió un episodio judicial adicional. En el marco del litigio vinculado a la guerra del vino y a la empresa destinada a la comercialización de sus productos en Europa, el expediente saltó al ámbito federal tras una acusación por lavado de activos y balances adulterados, desatando versiones contrapuestas entre los implicados.
El origen del caso y las denuncias
Entre un amplio conjunto de denuncias que aún esperan resolución, este nuevo cargo fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 y cobró impulso luego de que la Fiscalía Federal N° 1, bajo la dirección de Ramiro González, concluyera que había indicios suficientes para iniciar una pesquisa sobre determinadas operaciones comerciales y movimientos financieros vinculados con el conflicto.
El expediente, designado CFP 5435/2025, nació a partir de una solicitud presentada por Luciana Govoni, actuando en nombre de Fecovita.
No obstante, hay una aclaración clave desde la óptica judicial: la Fiscalía afirmó claramente que, dadas las particularidades y el estado de la pesquisa, aún no corresponde atribuir responsabilidad formal a nadie hasta que aparezcan nuevos indicios que permitan identificar a los posibles responsables de una maniobra ilícita.
En concreto, la denuncia señala a Juan José Retamero Gómez y Guillermo Daniel García, aunque la investigación federal continúa en una fase de producción y examen de evidencias.
La nueva denuncia de Fecovita
En su escrito, Fecovita responsabilizó a Retamero y García por presunto lavado de dinero, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, y por la supuesta utilización de balances que no reflejan la realidad.
Según consta en el requerimiento fiscal, la Federación sostiene que detrás del vínculo comercial existía una maniobra para perjudicarla económicamente y que la rescisión de los contratos habría interrumpido un esquema de operaciones que, a juicio de los denunciantes, podría estar vinculado con el lavado de activos.
La hipótesis planteada se centra, entre otros elementos, en movimientos intra-grupo entre empresas del conglomerado, aumentos y posteriores cambios de capital, transferencias desde el exterior y deudas entre firmas.
Fecovita manifestó ante la Justicia que ciertas operaciones podrían haber servido para justificar la entrada de fondos y sus movimientos posteriores entre sociedades vinculadas.
La Fiscalía adoptó esa descripción como parte de los hechos denunciados, si bien la pesquisa no ha ratificado aún esa hipótesis. Por el contrario, el fiscal González subrayó que el objetivo de la pesquisa debe delimitarse y que es necesario evitar una exploración indiscriminada de todo el patrimonio y las actividades de las personas y compañías involucradas.
Este punto es crucial: la causa federal no representa, por el momento, una resolución judicial sobre la existencia de lavado de activos. Se trata de una investigación en curso para determinar si operaciones directamente vinculadas al conflicto entre Fecovita y las firmas denunciadas tuvieron relevancia penal o no.
La defensa de Aisa Group
Aisa Group rechazó la acusación y destacó que, a la fecha, “no hay ninguna persona acusada” en el expediente. La firma añadió que Fecovita cuestiona fondos que, según su versión, ya habían sido considerados lícitos al ingresar al negocio.
“¿Cómo pueden considerarse sospechosos ahora los mismos fondos que ella describió como legítimos cuando se los llevó?”, cuestionó la empresa, que afirmó que las operaciones se realizaron dentro del sistema financiero formal y que entregará a la Justicia la documentación necesaria para demostrar la trazabilidad de los recursos.
El grupo, que integra firmas como Minas Argentinas y la pesquera Cabo Vírgenes, también negó que la denuncia asocie las operaciones de Contado con Liquidación con un origen ilícito de los fondos.
Según la empresa, el uso de ese mecanismo no convierte automáticamente el dinero en ilegal y recordó que en actas internas de Fecovita se habría calificado la operatoria como “lícita, ética y moral en todos sus aspectos”.
Para Aisa Group, la nueva denuncia debe interpretarse dentro del marco del prolongado conflicto comercial y judicial entre las partes. Consideran que la acusación tiene la intención de desacreditar públicamente al grupo y adelantaron que, por los daños potenciales, podrían iniciar nuevas acciones por daños y perjuicios.
La investigación financiera
Antes de activar formalmente la acción penal, la Fiscalía solicitó datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre posibles antecedentes y avisos de operaciones sospechosas vinculadas a Retamero, García y diversas sociedades, entre ellas Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), Inver SA, Minas Argentinas SA, Cabo Vírgenes SA, Isber LLC y Eris LLC, antes Word Wine Trading LLC.
Con esos informes, el Ministerio Público decidió profundizar la pesquisa sobre operaciones llevadas a cabo en 2021, 2022 y 2023 que guardaran relación directa con Fecovita y con las personas denunciadas.
Entre los movimientos evaluados figuran transferencias superiores a 1.027 millones de pesos consignadas en una cuenta de Exportadora Vitivinícola SA en Banco Galicia durante 2022; ingresos de 198,6 millones en otra cuenta de la misma firma en Banco Macro; créditos y débitos por centenas de millones en Banco Coinag; y operaciones con cheques de terceros y rescates de fondos de inversión en Banco Supervielle.
La Fiscalía solicitó la documentación de respaldo y la reconstrucción de los movimientos, identificando, entre otros datos, a los involucrados en transferencias, depósitos, extracciones y operaciones con cheques. También requerida información a la ARCA sobre las operaciones de comercio exterior de Evisa, su situación en los registros y eventuales inspecciones o fiscalizaciones de la firma.
Secretos bancario, fiscal y bursátil
En este marco, la última novedad es que el 24 de agosto, el juez federal Daniel Rafecas dio un paso relevante para el progreso de la pesquisa. A pedido de la Fiscalía, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil respecto de Retamero, García y las sociedades incluidas en la pesquisa.
En su fallo, el magistrado sostuvo que la información protegida por esos regímenes de confidencialidad guarda relación directa con el objetivo de la investigación y que su acceso permitiría profundizar el estudio de las operaciones comerciales y de los movimientos financieros atribuidos a las personas físicas y jurídicas denunciadas. Por ello consideró la medida adecuada, pertinente y necesaria para esclarecer los hechos.
La medida alcanza a Retamero y García y a Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), Inver SA, Minas Argentinas SA, Cabo Vírgenes SA, Isber LLC y Eris LLC, anteriormente Word Wine Trading LLC.
La resolución no implica, por sí sola, una determinación de responsabilidad. Lo que permite es acceder a información que hasta ahora estaba protegida por el secreto bancario, fiscal y bursátil para que la Fiscalía pueda reconstruir el circuito de las operaciones indagadas y decidir si existen elementos que justifiquen avanzar en la causa.
Sobre este punto, Aisa Group afirmó que se trata de un tránsito habitual en este tipo de investigaciones. Además, señalaron que el hecho de que el grupo figure entre los beneficiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con Gualcamayo y que esté involucrado en exportaciones de oro y otros productos conlleva auditorías constantes y genera confianza en la total transparencia de las cuentas.
Del negocio del vino a una guerra judicial
Conviene recordar que el núcleo del conflicto se remonta a 2022, cuando comenzaron las desavenencias entre Fecovita e Iberte por divergencias en un contrato de consignación de vino y mosto en Europa, lo que desató una batalla legal que, a día de hoy, permanece abierta y dio lugar a una cadena de causas cruzadas.
Mirando hacia atrás, Iberte sostiene que Fecovita los habría engañado para invertir 3.139 millones de dólares en la sociedad exportadora que habían formado. Según su versión, los directivos de la Federación habrían desviado esos fondos a sus cuentas individuales bajo el rótulo de “anticipos de productos” que, afirman, nunca fueron entregados.
También persisten diferencias sobre las cifras finales de las deudas al cierre de la sociedad en 2022 y, principalmente, sobre quiénes deben considerarse acreedores y deudores.
A esa primera causa le siguieron solicitudes de quiebra, denuncias por balances fraudulentos, imputaciones cruzadas de estafa y otros procesos judiciales en los que Fecovita e Iberte no han logrado acordar un punto común.
La causa federal se incorpora así a un tablero judicial cada vez más amplio. El propio fiscal González advirtió que, detrás de los expedientes, existe un vaivén entre denunciantes y denunciados que, en distintos momentos, han buscado trasladar al terreno penal diferencias surgidas de una relación comercial y contractual.
Fuente: Infocampo.
